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La denuncia de la Protectora de Animales sobre el estado de la vegetación en el entorno de sus instalaciones merece una respuesta inmediata. No se trata de una cuestión estética ni de una simple reclamación administrativa.

Que la Asamblea se plantee adaptar los campamentos de verano a niños con necesidades especiales no debería ser noticia por lo excepcional, sino por lo lógico. A estas alturas, hablar de inclusión en actividades infantiles tendría que ser la norma y no un añadido que se “estudia” como si fuera algo secundario.

Las ciudades del siglo XXI están inmersas en un debate que va mucho más allá de la movilidad. Por un lado, está el modelo tradicional, basado en el uso masivo del coche privado; por otro, una visión más moderna que apuesta por el transporte público, los taxis, las bicicletas y los desplazamientos compartidos. A estas alturas, resulta difícil negar que esta segunda opción ofrece ventajas evidentes: menos contaminación, menos ruido, menos atascos y una mejor calidad de vida para quienes habitan los núcleos urbanos.

Las irregularidades denunciadas en torno a convenios, categorías laborales, cotizaciones o procesos selectivos no solo ponen bajo el foco a quienes toman las decisiones. También obligan a preguntarse qué papel han desempeñado quienes tenían la obligación de fiscalizar, vigilar o denunciar.