Es preocupante ver cómo desde el Gobierno se ha acusado al juez Joaquín Peinado de "pedalear en la nada" por su trabajo en la investigación contra Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que quienes deberían ser los primeros en defender la justicia y la transparencia se atrevan a criticar a un juez que solo está cumpliendo con su deber? La respuesta es simple: cuando la verdad incomoda, algunos prefieren desacreditar al mensajero en lugar de afrontar las consecuencias.
La reciente petición de la número dos de Álvaro García Ortiz al Tribunal Supremo para evitar la imputación del fiscal general por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso genera una inevitable reflexión sobre la delgada línea que separa la justicia de la política. En un contexto en el que la filtración de información confidencial es un delito grave, la controversia sobre si García Ortiz debe ser imputado o no adquiere una dimensión que trasciende lo judicial, tocando de lleno las dinámicas de poder político en España.
Cuando una organización como Hezbolá comete atentados terroristas y se lleva por delante la vida de personas inocentes, la respuesta debe ser contundente. No podemos hablar de treguas ni negociaciones con quienes hacen del terror su bandera. Cada vez que el grupo actúa, lo hace sin miramientos, sin respeto por la vida humana, y eso merece una respuesta firme.
Este fin de semana, las pruebas para ingresar a la Guardia Civil fueron suspendidas debido a un error en el etiquetado de una de las cajas que contenían los exámenes. Este contratiempo ha generado incertidumbre entre los miles de aspirantes que ven cómo su esfuerzo y preparación quedan en vilo. Más allá del error logístico, la suspensión de las pruebas trae consigo una reflexión sobre la necesidad de reforzar la confianza en los procesos selectivos en España.
Fernando Grande-Marlaska tiene toda la razón al exigir a la Unión Europea que patrulle las aguas africanas para frenar la inmigración ilegal. La presión que soportan países como España en sus fronteras, especialmente en Ceuta, Melilla y Canarias, ha alcanzado niveles insostenibles. Es hora de que Europa deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad en este problema que afecta a todo el continente, no solo a los países del sur. No es justo que España cargue sola con el peso de esta crisis migratoria, mientras el resto de Europa se lava las manos.
