Es lamentable ver cómo, en un país que presume de su Estado de derecho, los juzgados están inundados de casos de corrupción que involucran a políticos. Cada día aparece un nuevo titular: “político imputado”, “político condenado”, como si se tratara de un espectáculo cotidiano al que ya nos hemos acostumbrado. Es vergonzoso que aquellos que deberían ser ejemplo de transparencia y ética parezcan estar más familiarizados con los tribunales que con el servicio público que juraron defender.
El caso de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, que se aferra al cargo a pesar de su imputación, es un reflejo más de la profunda crisis ética en la que parece estar sumida la política española. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, y supone casi una resignación que muchos ciudadanos compartimos, pero no debería ser así. Que una figura de esta relevancia dentro del sistema judicial se vea envuelta en investigaciones debería ser motivo suficiente para dar un paso al lado, pero en lugar de eso, parece que seguimos normalizando lo anormal.
La reciente decisión del Senado de devolver al Congreso la ley sobre los presos de ETA es un alivio para quienes aún recordamos el dolor y el sufrimiento que esta organización terrorista dejó en tantas familias. Resulta indignado que el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que lleva años obsesionado con la ley de memoria democrática para desenterrar a un muerto de hace casi cincuenta años, como Francisco Franco, en un intento de honrar a las víctimas del franquismo, no tenga los huevos. suficientes para honrar también la memoria de todos los asesinados por ETA. En lugar de justicia para estas víctimas, están más interesados en conceder beneficios a quienes opten por el terror.
Por fin parece que en Europa alguien empieza a escuchar el sentido común. La reciente propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de abrir centros de retorno para inmigrantes fuera de la UE es una decisión que muchos venimos reclamando desde hace tiempo. Es evidente que estos centros, más allá de su utilidad para la gestión de los flujos migratorios, deben estar ubicados en países cercanos a las familias y las raíces de los migrantes, donde puedan mantener sus tradiciones y costumbres.
Pedro Sánchez vuelve a tropezar con su propia retórica, esta vez en relación con Delcy Rodríguez. Hace un tiempo, cuando debutaba en la Unión Europea, no le tembló la mano para sancionar a la vicepresidenta de Venezuela, prohibiéndole la entrada a territorio europeo. Ahora, con la misma soltura, afirma que desconocía que Delcy no podía pisar España. ¿Nos toma por ingenuos? Es difícil seguir el hilo cuando lo que se dice un día se deshace al siguiente.
