El caso de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, que se aferra al cargo a pesar de su imputación, es un reflejo más de la profunda crisis ética en la que parece estar sumida la política española. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, y supone casi una resignación que muchos ciudadanos compartimos, pero no debería ser así. Que una figura de esta relevancia dentro del sistema judicial se vea envuelta en investigaciones debería ser motivo suficiente para dar un paso al lado, pero en lugar de eso, parece que seguimos normalizando lo anormal.
El caso de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, que se aferra al cargo a pesar de su imputación, es un reflejo más de la profunda crisis ética en la que parece estar sumida la política española. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, y supone casi una resignación que muchos ciudadanos compartimos, pero no debería ser así. Que una figura de esta relevancia dentro del sistema judicial se vea envuelta en investigaciones debería ser motivo suficiente para dar un paso al lado, pero en lugar de eso, parece que seguimos normalizando lo anormal.
Lo más grave es que estas situaciones, lejos de ser excepciones, se han convertido en una rutina a la que ya casi nos hemos acostumbrado. Los escándalos se suceden, las imputaciones se acumulan, y la respuesta de nuestros políticos es siempre la misma: negar, minimizar y aferrarse al poder. Nos venden la idea de que dimitir sería "lo más gravoso" para el país, cuando lo que realmente pesa es la falta de vergüenza y la ausencia de responsabilidad.
En cualquier democracia que funcione con un mínimo de decencia, estas actitudes serían impensables. En otros países europeos, los escándalos como este harían que los responsables dimitieran de inmediato, conscientes de que la confianza pública es su mayor activo. Aquí, en cambio, parece que esa confianza es lo de menos, y lo único que importa es mantenerse en el cargo a toda costa.
Lo que resulta más preocupante es que, ante esta sucesión de casos de corrupción y escándalos, la indignación ciudadana empieza a desgastarse. Nos hemos acostumbrado tanto a ver a nuestros dirigentes implicados en este tipo de tramas que ya ni siquiera nos sorprendemos. Y eso es lo más peligroso: la pérdida de la capacidad de asombro y de exigencia.
Es hora de dejar de normalizar lo que en cualquier país democrático sería inaceptable. No podemos seguir resignándonos a que España sea vista como un lugar donde los corruptos se aferran al poder sin consecuencias. Si de verdad queremos una democracia sana, es necesario que nuestros gobernantes asuman responsabilidades, y que lo hagan por convicción, no solo cuando ya no les queda más remedio.