Hay una línea que no se debería cruzar en democracia: la separación de poderes. Pero este Gobierno parece haberla convertido en un borrón difuso. Entre nombramientos bloqueados, presiones a los jueces y reformas a medida, la independencia judicial se tambalea, y la sensación de que la justicia ya no es ciega, sino miope, cala en la sociedad.
El nombre de Rayco García vuelve a sonar, y no precisamente por buenas razones. Este personaje, con antecedentes como comisionista en Arabia Saudita, ahora aparece vinculado a Marruecos en la supuesta compra del CD Tenerife.
El PSOE ha inaugurado su Congreso en Madrid con un espectáculo lamentable: un vídeo en el que mezclan a Isabel Díaz Ayuso con marchas neonazis, Javier Milei, Elon Musk y Giorgia Meloni. No se trata de una torpeza, sino de una estrategia premeditada que revela hasta qué punto han perdido el norte. Incapaces de ofrecer un proyecto atractivo para los ciudadanos, se dedican a fabricar enemigos ya demonizar a la presidenta madrileña, que les supera en todas las encuestas.
La última encuesta de Sigma Dos deja una conclusión clara: mientras el PSOE y Vox crecen, el PP de Feijóo se estanca o incluso retrocede. No es casualidad. Feijóo ha jugado a ser moderado en tiempos en los que la firmeza es clave, y el resultado es que Sánchez sigue fuerte y Vox recoge el descontento de los votantes que buscan una oposición sin titubeos.
La Justicia no puede estar al servicio de intereses políticos, y cuando eso ocurre, el daño es irreparable. Trece fiscales de Sala han pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, advirtiendo de una "tensión insoportable" dentro de la institución. No es un capricho ni una maniobra partidista, sino un grito de auxilio de quienes deben garantizar la imparcialidad y el rigor en la aplicación de la ley. Si los propios fiscales denuncian que su independencia está en peligro, es porque la situación ha llegado a un punto insostenible.
