Hay una línea que no se debería cruzar en democracia: la separación de poderes. Pero este Gobierno parece haberla convertido en un borrón difuso. Entre nombramientos bloqueados, presiones a los jueces y reformas a medida, la independencia judicial se tambalea, y la sensación de que la justicia ya no es ciega, sino miope, cala en la sociedad.
Hay una línea que no se debería cruzar en democracia: la separación de poderes. Pero este Gobierno parece haberla convertido en un borrón difuso. Entre nombramientos bloqueados, presiones a los jueces y reformas a medida, la independencia judicial se tambalea, y la sensación de que la justicia ya no es ciega, sino miope, cala en la sociedad.
Los magistrados están desquiciados, y con razón. Llevan años con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado, sometidos a una guerra política que los usa como moneda de cambio. ¿Cómo se supone que impartan justicia con imparcialidad si desde arriba se juega con sus nombramientos y decisiones? La politización de los tribunales está haciendo estragos en la confianza ciudadana.
Si a esto le sumamos las chapuzas legislativas, los indultos polémicos y los intentos de reformar leyes a conveniencia, el panorama es desolador. La justicia, que debería ser un pilar firme, está por los suelos, sin autoridad ni respeto. La gente ya no sabe si una sentencia responde a la ley o a intereses partidistas, y eso es lo peor que le puede pasar a un Estado de derecho.
Y mejor no hablar de quienes, desde la distancia, manejan hilos y condicionan decisiones como si España fuera su patio de recreo. La impunidad con la que algunos se pasan por la política sin rendir cuentas es la prueba de que la justicia no es igual para todos. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos viendo cómo se desmoronan las instituciones que deben protegernos.