La Justicia no puede estar al servicio de intereses políticos, y cuando eso ocurre, el daño es irreparable. Trece fiscales de Sala han pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, advirtiendo de una "tensión insoportable" dentro de la institución. No es un capricho ni una maniobra partidista, sino un grito de auxilio de quienes deben garantizar la imparcialidad y el rigor en la aplicación de la ley. Si los propios fiscales denuncian que su independencia está en peligro, es porque la situación ha llegado a un punto insostenible.
La Justicia no puede estar al servicio de intereses políticos, y cuando eso ocurre, el daño es irreparable. Trece fiscales de Sala han pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, advirtiendo de una "tensión insoportable" dentro de la institución. No es un capricho ni una maniobra partidista, sino un grito de auxilio de quienes deben garantizar la imparcialidad y el rigor en la aplicación de la ley. Si los propios fiscales denuncian que su independencia está en peligro, es porque la situación ha llegado a un punto insostenible.
García Ortiz ha convertido la Fiscalía en un campo de batalla donde el interés político pesa más que la Justicia. Su gestión, marcada por decisiones polémicas y alineadas con el Gobierno, ha generado una fractura interna que mina la confianza en la institución. El problema no es solo la tensión dentro del cuerpo de fiscales, sino la erosión de la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía. La Justicia debe ser un pilar sólido, no una herramienta al servicio del poder de turno.
La situación actual no es fruto de un malentendido ni de un exceso de celo por parte de los fiscales críticos. Es la consecuencia de una deriva preocupante que pone en jaque la separación de poderes. Cuando un fiscal general no representa a la Fiscalía, sino a los intereses del Ejecutivo, estamos ante una anomalía democrática grave. Su permanencia en el cargo solo agravará el problema y profundizará la desconfianza en las instituciones.
Si García Ortiz tuviera un mínimo de respeto por la Justicia y por la dignidad del cargo que ocupa, presentaría su dimisión sin necesidad de que se lo pidieran. Pero parece decidido aferrarse al puesto, sin importar el daño que está causando. Su continuidad solo perpetuará la crisis en la Fiscalía y seguirá debilitando un sistema que debería ser intocable. España no puede permitirse una Justicia politizada ni unos fiscales sometidos a presiones. Es hora de recuperar la independencia judicial antes de que sea demasiado tarde.