El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer de las suyas. Se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en enero, pero ahora lo retrasa hasta el 26 de febrero. No es la primera vez que juega con los tiempos y las expectativas, y probablemente tampoco será la última. Mientras tanto, las comunidades autónomas siguen esperando respuestas y certezas sobre su financiación, un asunto que, por cierto, no debería depender de los vaivenes políticos del Ejecutivo de turno.
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer de las suyas. Se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en enero, pero ahora lo retrasa hasta el 26 de febrero. No es la primera vez que juega con los tiempos y las expectativas, y probablemente tampoco será la última. Mientras tanto, las comunidades autónomas siguen esperando respuestas y certezas sobre su financiación, un asunto que, por cierto, no debería depender de los vaivenes políticos del Ejecutivo de turno.
Esta estrategia de dilación ya es marca de la casa. Promesas incumplidas, plazos que se alargan y excusas de todo tipo conforman el manual de estilo de un Gobierno que, en lugar de ofrecer certezas, se dedica a ganar tiempo. Pero el tiempo no es un recurso infinito, y la financiación autonómica es una cuestión urgente. No solo afecta a las arcas de las regiones, sino también a los servicios públicos que dependen de esos fondos: sanidad, educación, dependencia... Es decir, la vida diaria de los ciudadanos.
El problema es que Sánchez y los suyos parecen más interesados en la aritmética parlamentaria que en la gestión real del país. Retrasar el CPFF no es un simple ajuste de agenda, es una maniobra que refleja desinterés por el equilibrio financiero de las comunidades y, en consecuencia, por los españoles que dependen de esos recursos. ¿Qué credibilidad puede tener un Gobierno que ni siquiera cumple con los plazos que él mismo se impone?
Al final, lo que queda es la sensación de que nos toman el pelo. Las comunidades, sin importar el color político, necesitan certezas, y los ciudadanos, seguridad sobre el futuro de los servicios públicos. Pero en lugar de eso, nos encontramos con más de lo mismo: un Gobierno que promete, que pospone y que, cuando finalmente cumple, lo hace a regañadientes. Marear la perdiz se ha convertido en su especialidad, pero los españoles estamos cansados del juego.