El tono lo dice todo. Cuando un gobierno decide subir el volumen contra un juez, algo se rompe en la conversación democrática. No es solo una cuestión de formas —que también—, es una cuestión de fondo: el respeto a la separación de poderes. Y cuando ese respeto se diluye, lo que queda es ruido, sospecha y un deterioro evidente de la confianza pública.
El ambiente político en España vuelve a tensarse, esta vez a cuenta del caso que rodea a Begoña Gómez y la actuación del juez Peinado. Desde el entorno del presidente Sánchez se ha deslizado la idea de que las acusaciones carecen de fundamento, llegando incluso a sugerir que el magistrado podría estar construyendo un relato más que investigando hechos. No es una acusación menor, y mucho menos en un contexto donde la confianza en las instituciones ya anda bastante tocada.
La primera semana del juicio por el "caso Koldo" ha dejado de ser un simple trámite judicial para convertirse en un retrato obsceno de la corrupción institucionalizada Lo que hemos visto en el Tribunal Supremo no es solo el banquillo de tres hombres —Ábalos, Koldo y Aldama—, sino la exposición de un ecosistema de favores y dinero sucio que creció sin control a la sombra del Ministerio de Transportes y de la propia sede del PSOE en Ferraz.
La semana arranca con una cita incómoda en el Senado para María Jesús Montero, que tendrá que dar explicaciones sobre el papel de la SEPI en una supuesta trama de corrupción vinculada al entorno del Gobierno. No es un asunto menor: cuando un organismo público que gestiona miles de millones aparece en el foco, la transparencia deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
El debate sobre la semilibertad de Soledad Iparraguirre no admite, para muchos, zonas grises. Y es que hablar de beneficios penitenciarios cuando se trata de miembros de ETA resulta, sencillamente, inaceptable. No estamos ante delitos comunes ni errores puntuales, sino ante una trayectoria marcada por la violencia, el miedo y el sufrimiento de toda una sociedad.
