El debate sobre la semilibertad de Soledad Iparraguirre no admite, para muchos, zonas grises. Y es que hablar de beneficios penitenciarios cuando se trata de miembros de ETA resulta, sencillamente, inaceptable. No estamos ante delitos comunes ni errores puntuales, sino ante una trayectoria marcada por la violencia, el miedo y el sufrimiento de toda una sociedad.
El debate sobre la semilibertad de Soledad Iparraguirre no admite, para muchos, zonas grises. Y es que hablar de beneficios penitenciarios cuando se trata de miembros de ETA resulta, sencillamente, inaceptable. No estamos ante delitos comunes ni errores puntuales, sino ante una trayectoria marcada por la violencia, el miedo y el sufrimiento de toda una sociedad.
Durante décadas, España vivió bajo la amenaza constante del terrorismo. Familias rotas, vidas truncadas y un dolor que todavía hoy sigue muy presente. Ante eso, plantear la reinserción como si fuera un trámite más genera rechazo. Porque hay heridas que no se cierran con el paso del tiempo ni con informes favorables.
La ley puede contemplar la reinserción como objetivo, sí, pero también debe ser capaz de reconocer la excepcionalidad de ciertos crímenes. No todo vale lo mismo ni merece el mismo tratamiento. Pretender aplicar automáticamente beneficios penitenciarios en estos casos es, para muchos ciudadanos, una forma de banalizar lo ocurrido.
Por eso, la oposición de la Fiscalía no solo es comprensible, sino necesaria. Es una forma de recordar que la justicia también implica cumplir íntegramente las penas cuando el daño causado ha sido tan profundo. No se trata de venganza, sino de coherencia y respeto hacia las víctimas.
Al final, la sociedad necesita certezas. Y una de ellas debería ser clara: quienes tanto dolor causaron deben asumir todas las consecuencias de sus actos. Sin atajos, sin concesiones y sin medias tintas.