Sombras y sospechas

El ambiente político en España vuelve a tensarse, esta vez a cuenta del caso que rodea a Begoña Gómez y la actuación del juez Peinado. Desde el entorno del presidente Sánchez se ha deslizado la idea de que las acusaciones carecen de fundamento, llegando incluso a sugerir que el magistrado podría estar construyendo un relato más que investigando hechos. No es una acusación menor, y mucho menos en un contexto donde la confianza en las instituciones ya anda bastante tocada.

Lo llamativo no es solo la defensa cerrada desde Moncloa, algo esperable, sino el tono empleado por algunos miembros del Gobierno. Cuando se deja caer que un juez “se inventa” delitos, el mensaje que llega a la ciudadanía es explosivo. Porque si eso fuera cierto, estaríamos ante un problema gravísimo para el Estado de derecho; pero si no lo es, la deslegitimación del poder judicial también tiene consecuencias profundas.

A esto se suma la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, que ha afirmado sentir “vergüenza” por cómo se está llevando el caso. Una palabra fuerte, que no suele emplearse a la ligera en política institucional. Sin embargo, más allá del titular, lo que queda es una sensación de choque entre poderes que no beneficia a nadie, y menos aún a una sociedad que espera claridad y rigor.

En medio de este cruce de declaraciones, lo que se echa en falta es prudencia. La justicia debe poder trabajar sin presiones, pero también con transparencia y garantías. Y los responsables políticos, por su parte, deberían medir sus palabras, porque cada insinuación contribuye a erosionar —o reforzar— la credibilidad del sistema.

Al final, la cuestión de fondo no es solo si hay o no delito, sino cómo se gestionan las dudas y las discrepancias en un país democrático. Convertir cada investigación en un campo de batalla política puede salir caro. Y lo peor es que, cuando el ruido baja, la desconfianza suele quedarse.