Ruido y poder

El tono lo dice todo. Cuando un gobierno decide subir el volumen contra un juez, algo se rompe en la conversación democrática. No es solo una cuestión de formas —que también—, es una cuestión de fondo: el respeto a la separación de poderes. Y cuando ese respeto se diluye, lo que queda es ruido, sospecha y un deterioro evidente de la confianza pública.

En este caso, el giro del relato resulta, como poco, desconcertante. Se pasa de unas imputaciones graves a señalar a terceros como posibles responsables, como si la verdad fuese una pelota que se puede ir pasando de mano en mano según convenga. Pero las responsabilidades, si existen, no se redistribuyen en ruedas de prensa ni en declaraciones encendidas, sino en los tribunales, con pruebas y garantías.

Que desde el poder ejecutivo se apunte directamente a un juez no solo es inaudito, es profundamente irresponsable. Porque lanza un mensaje peligroso: que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas no desde el derecho, sino desde la presión política. Y eso abre una puerta que cuesta mucho volver a cerrar. Hoy es un caso concreto; mañana puede ser cualquier otro.

Además, este tipo de estrategias no ayudan a nadie. Ni aclaran los hechos, ni fortalecen las instituciones, ni convencen a una ciudadanía cada vez más cansada de ver cómo se prioriza el relato sobre la verdad. Al contrario, alimentan la polarización y erosionan la credibilidad de todos los implicados.

En democracia, el poder no se defiende atacando a quien debe fiscalizarlo, sino dando explicaciones claras y dejando que la justicia haga su trabajo. Todo lo demás suena a nerviosismo, a huida hacia adelante y, sobre todo, a una preocupante falta de responsabilidad.