La discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando se trata de infancia, la política debería bajar el tono y subir la responsabilidad. El mecanismo impulsado por el Gobierno no es un capricho, sino una respuesta a una situación que sigue siendo excepcional. Y mientras esa excepcionalidad persista, mirar hacia otro lado no parece una opción muy defendible.
La discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando se trata de infancia, la política debería bajar el tono y subir la responsabilidad. El mecanismo impulsado por el Gobierno no es un capricho, sino una respuesta a una situación que sigue siendo excepcional. Y mientras esa excepcionalidad persista, mirar hacia otro lado no parece una opción muy defendible.
Es cierto que la presión migratoria ha bajado algo gracias al sistema de derivación, pero de ahí a dar por superada la contingencia hay un trecho largo. Cuando hay territorios que triplican su capacidad de acogida, hablar de normalidad suena más a deseo que a diagnóstico. En ese contexto, mantener activo el reparto no solo es lógico, sino necesario para evitar que la sobrecarga recaiga siempre en los mismos.
Lo llamativo es que, pese a que el sistema ha funcionado con relativa normalidad y sin los conflictos que algunos vaticinaban, haya administraciones que pongan frenos. La colaboración institucional no debería ser selectiva ni depender del color político del momento. Si algo ha demostrado este mecanismo es que, cuando hay voluntad, se pueden construir soluciones compartidas sin que se resienta la convivencia.
Además, el respaldo jurídico de las reubicaciones deja poco margen a la duda. No estamos ante decisiones improvisadas, sino ante actos administrativos válidos que buscan garantizar derechos básicos. En este caso, el interés superior del menor no es una frase bonita: es una obligación legal y ética que debería estar por encima de cualquier cálculo político.
Al final, la pregunta es sencilla: ¿qué pesa más, la disputa entre administraciones o la protección de niños y adolescentes en situación vulnerable? Porque mientras se alargan los debates, ellos siguen esperando una respuesta. Y esa respuesta, guste más o menos, pasa por compartir responsabilidades y cumplir con lo que marca la ley.