Hay silencios que pesan más que los discursos, y en política eso se nota especialmente. Mientras el ministro de Justicia se muestra especialmente locuaz para opinar sobre determinados jueces y procedimientos, llama la atención su mutismo ante otros casos que también generan dudas razonables en la opinión pública. No se trata de pedir pronunciamientos selectivos, sino coherencia: si se entra en el debate judicial, debería hacerse para todos, no solo para lo que conviene.
Cada vez que llega un informe triunfalista, conviene leerlo con cierto escepticismo. El último del INGESA pinta la Atención Primaria de Ceuta y Melilla como poco menos que un modelo a seguir. Sin embargo, basta hablar con pacientes y profesionales para darse cuenta de que la realidad no siempre coincide con ese relato tan pulido. Una cosa es el papel, y otra muy distinta el día a día en los centros de salud.
La sanidad pública tiene muchas cuentas pendientes, pero también hay noticias que invitan a confiar. La colaboración entre INGESA y Plena Inclusión para adaptar la Atención Primaria a personas con neurodiversidad es una de ellas. Supone reconocer, de una vez por todas, que no todas las personas viven, sienten o se comunican de la misma forma, y que el sistema debe estar preparado para eso.
Asfixia. No existe otra palabra para describir el último movimiento del Gobierno que, con una voracidad recaudatoria insaciable, ha decidido que 2026 sea el año del "tiro de gracia" para el tejido productivo de Ceuta. Según denuncian la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), más de un millar de trabajadores por cuenta propia en la ciudad verán cómo su cuota mensual se dispara en unos 65 euros, un incremento que en el resto de la península llega a los 135 euros pero que aquí, pese a las bonificaciones, se siente como un insulto a la singularidad económica de nuestra tierra.
En temas de sanidad, cuando algo falla, no es un simple retraso administrativo: es una cuestión de confianza pública. Y lo que está ocurriendo con el transporte sanitario en Ceuta empieza a oler a esa mezcla peligrosa de burocracia lenta y responsabilidades difusas que nadie termina de asumir.
