En temas de sanidad, cuando algo falla, no es un simple retraso administrativo: es una cuestión de confianza pública. Y lo que está ocurriendo con el transporte sanitario en Ceuta empieza a oler a esa mezcla peligrosa de burocracia lenta y responsabilidades difusas que nadie termina de asumir.
En temas de sanidad, cuando algo falla, no es un simple retraso administrativo: es una cuestión de confianza pública. Y lo que está ocurriendo con el transporte sanitario en Ceuta empieza a oler a esa mezcla peligrosa de burocracia lenta y responsabilidades difusas que nadie termina de asumir.
El sindicato CSIF ha puesto el dedo en la llaga: el contrato ya está adjudicado, pero las ambulancias nuevas no llegan y las viejas siguen acumulando kilómetros más allá de lo razonable. Más de un mes después de la firma, la situación sigue igual, como si el papel firmado no obligara a nada en la práctica.
Aquí es donde entra el foco incómodo sobre INGESA. Porque no basta con licitar y adjudicar; hay que vigilar, exigir y, si hace falta, sancionar. Si además solo se presentó una empresa al concurso, algo también merece explicación. La sensación de falta de control y de seguimiento no ayuda precisamente a generar confianza en el sistema.
Y mientras tanto, la realidad es bastante más simple y más dura: ambulancias con más de cinco años en servicio, profesionales trabajando con recursos envejecidos y pacientes que dependen de un sistema que debería ser ágil, no arrastrarse. La comparación con Melilla, donde las nuevas unidades ya están operativas, no hace sino aumentar la sensación de agravio. Al final, lo que está en juego no es solo un contrato, sino la calidad de un servicio esencial que no admite excusas eternas.
