Lo ocurrido con el policía que asesinó a su esposa, Mari Ángeles, y trató de culpar a su propia hija no es solo un crimen atroz: es también el retrato de un fallo institucional difícil de digerir. Porque aquí no hablamos de un arrebato imprevisible, sino de alguien que ya había dado señales claras de estar mal, muy mal. Y aun así, nadie hizo lo suficiente para apartarlo definitivamente de un arma.
Hay barrios que no salen en los folletos turísticos, pero que sostienen la vida real de una ciudad. Hadu es uno de ellos. O lo era. Hoy, pasear por sus calles es encontrarse con persianas a medio bajar, carteles de “se alquila” y comerciantes que ya no saben si abrir es resistencia o simple inercia.
Otra vez lo mismo. El juicio contra el policía local no ha dejado lugar a dudas, como ya ocurrió en la ocasión anterior. Las pruebas, los testimonios y el propio desarrollo de la vista apuntan en la misma dirección: fue él quien disparó. Así lo sostiene la Fiscalía y así lo respalda el resto de acusaciones. No estamos ante un caso ambiguo ni lleno de sombras; más bien al contrario, el relato es claro y coincide en lo esencial.
La reciente elección en la Confederación de Empresarios de Ceuta ha dejado una sensación clara: esto ha estado más que reñido. Cinco votos han marcado la diferencia en un resultado muy igualado que refleja, sin duda, que el tejido empresarial está dividido en cuanto al rumbo que debe tomar la organización. No es habitual ver una contienda tan apretada, y eso ya de por sí dice mucho del momento que atraviesa la CECE.
En política, prometer es fácil; cumplir, ya es otra historia. Y cuando lo prometido ni siquiera es viable legalmente, lo que queda no es ilusión, sino una mezcla de desinformación y desprecio por la ciudadanía. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con las declaraciones de Alejandro Ramírez sobre la incorporación de los trabajadores de Brigadas Verdes a Obimace: un anuncio que, más allá de sonar bien, no se sostiene dentro del marco legal.
