Pistola y abandono

Lo ocurrido con el policía que asesinó a su esposa, Mari Ángeles, y trató de culpar a su propia hija no es solo un crimen atroz: es también el retrato de un fallo institucional difícil de digerir. Porque aquí no hablamos de un arrebato imprevisible, sino de alguien que ya había dado señales claras de estar mal, muy mal. Y aun así, nadie hizo lo suficiente para apartarlo definitivamente de un arma.

La Ciudad asegura ahora que no sabía que el agente estaba “hecho polvo”. Pero cuesta creerlo cuando, según ha trascendido, ya le habían retirado la pistola en dos ocasiones. ¿Qué más hacía falta? ¿Qué indicador adicional necesitaban para entender que esa persona no estaba en condiciones de portar un arma ni de ejercer sus funciones? Cuando los avisos existen y no se actúa con contundencia, deja de ser un descuido para convertirse en desidia.

Aquí no basta con lamentarse ni con abrir una investigación interna que acabe diluyéndose con el tiempo. La cadena de decisiones —o de indecisiones— que permitió que ese hombre volviera a tener acceso a un arma debe ser revisada con lupa. Porque cada paso en falso, cada “ya veremos”, cada parche en lugar de una solución real, ha contribuido a un desenlace irreversible.

Por eso, sí: la Ciudad tiene que pagar. No solo en términos económicos, que también, porque hay una familia destrozada que merece reparación. Tiene que pagar en forma de responsabilidades políticas claras. No se trata de buscar cabezas de turco, sino de asumir que cuando las instituciones fallan de esta manera, alguien debe responder.

Y, sobre todo, debería servir para algo más que para llenar titulares unos días. Este caso tendría que marcar un antes y un después en cómo se gestionan las alertas internas, la salud mental de los agentes y el acceso a armas. Porque lo verdaderamente irresponsable sería que, después de todo esto, no cambiara nada.