TRAGSATEC nació como un instrumento para que las administraciones pudieran afrontar determinados trabajos con rapidez y mediante un medio propio. La ley permite esa posibilidad, pero también exige que cada encargo esté debidamente motivado y justificado. No es un mero trámite burocrático; es una garantía de transparencia y de buena administración.
La transparencia en la contratación pública viene siendo un auténtico “debe” que afecta a nuestra ciudad desde hace varios años y que ha provocado multitud de malestar en ciudadanos y empresas.
Cada cierto tiempo, una nueva sentencia, una nueva crisis migratoria o un nuevo episodio de entradas irregulares vuelve a colocar a Ceuta en el centro del debate nacional. Cambian los titulares, cambian los discursos políticos, pero la realidad permanece inalterable: la frontera sur de España sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado.
Hay algo que diferencia a las democracias maduras de aquellas donde la política ha perdido el sentido de la ejemplaridad: la asunción de responsabilidades. En Ceuta, en el Gobierno de Vivas, desgraciadamente parece haberse impuesto la teoría de que mientras un Juez no diga lo contrario, nadie tiene que responder por nada y a veces hasta diciéndolo como en el caso de la Secretaria General.
La Ley de Contratos del Sector Público no es una mera sugerencia burocrática ni un obstáculo prescindible para la conveniencia política; es la columna vertebral que garantiza la limpieza y la transparencia en la gestión del dinero de todos los ciudadanos. Por ello, la reciente y demoledora denuncia que apunta a una presunta trama de contratación irregular en el área de Festejos desde el año 2023, situando en el ojo del huracán la gestión de Eduardo Ayala, representa un escándalo de dimensiones institucionales insostenibles que no puede saldarse con el habitual encogimiento de hombros al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo local.
