¿Quién controla?

Durante demasiado tiempo se ha instalado la sensación de que en Ceuta las sentencias son poco más que una molestia administrativa cuando afectan al poder. Si un juez tumba un nombramiento, se busca otro camino. Si una resolución dice que no, se intenta rodearla. Y si el resultado no convence, se vuelve a empezar. Lo preocupante no es solo que los tribunales hayan tenido que intervenir una y otra vez, sino que la impresión que queda es que el Gobierno de Juan Vivas ha convertido el cumplimiento de la legalidad en algo negociable cuando estorba a sus intereses.

Que la Secretaría General y la Intervención hayan terminado oficialmente desiertas no es un simple problema burocrático. Es la consecuencia de una forma de gobernar basada en las triquiñuelas, en estirar la norma hasta el límite y en intentar conservar un control absoluto sobre los dos cargos que, precisamente, están llamados a fiscalizar la actuación del propio Gobierno. Resulta difícil no preguntarse por qué se ha insistido durante tantos años en fórmulas que una y otra vez acababan chocando con los tribunales y con el propio Boletín Oficial del Estado.

Lo más grave es el mensaje que se lanza a los ciudadanos. A cualquier vecino se le exige cumplir la ley sin excusas ni atajos. Sin embargo, cuando quien debe dar ejemplo parece buscar continuamente el resquicio para hacer lo que le conviene, la confianza en las instituciones se resquebraja. Gobernar no consiste en encontrar la manera de salirse con la suya, sino en aceptar las reglas del juego, incluso cuando no benefician al que manda.

Juan Vivas lleva tantos años al frente de la Ciudad que, por momentos, da la impresión de haber confundido la institución con su propio proyecto político. Y ahí está el verdadero problema. Ningún gobernante debería actuar como si la Justicia fuera un obstáculo que hay que sortear ni como si las resoluciones judiciales fueran simples recomendaciones. Porque cuando un presidente parece cachondearse de los jueces, del BOE y de la legalidad para mantener un control hecho a su medida, el daño no lo sufre la oposición, sino la credibilidad de toda la Administración. Y eso, en un Estado de derecho, es una línea que nunca debió cruzarse.