TRAGSATEC nació como un instrumento para que las administraciones pudieran afrontar determinados trabajos con rapidez y mediante un medio propio. La ley permite esa posibilidad, pero también exige que cada encargo esté debidamente motivado y justificado. No es un mero trámite burocrático; es una garantía de transparencia y de buena administración.
TRAGSATEC nació como un instrumento para que las administraciones pudieran afrontar determinados trabajos con rapidez y mediante un medio propio. La ley permite esa posibilidad, pero también exige que cada encargo esté debidamente motivado y justificado. No es un mero trámite burocrático; es una garantía de transparencia y de buena administración.
En Ceuta, el creciente recurso a esta fórmula merece una reflexión. La explicación habitual es conocida: se acude a TRAGSATEC por razones de eficacia, por la especialización técnica o por la necesidad de agilizar actuaciones. Son argumentos legalmente posibles, pero que deben demostrarse en cada expediente y no convertirse en una justificación automática.
La contratación pública existe para garantizar la concurrencia, la publicidad y la igualdad de oportunidades. Cuando la excepción se utiliza con demasiada frecuencia, resulta lógico que surjan dudas y que los ciudadanos reclamen explicaciones.
No se trata de cuestionar a TRAGSATEC como entidad ni de afirmar irregularidades donde no las hay. Se trata de exigir que cada decisión sea transparente, esté suficientemente motivada y pueda soportar el escrutinio público.
Porque la confianza de los ciudadanos no se gana diciendo que todo es legal. Se gana explicando por qué cada euro público se gestiona de la forma más eficiente, más transparente y más beneficiosa para el interés general.
