La Ley de Contratos del Sector Público no es una mera sugerencia burocrática ni un obstáculo prescindible para la conveniencia política; es la columna vertebral que garantiza la limpieza y la transparencia en la gestión del dinero de todos los ciudadanos. Por ello, la reciente y demoledora denuncia que apunta a una presunta trama de contratación irregular en el área de Festejos desde el año 2023, situando en el ojo del huracán la gestión de Eduardo Ayala, representa un escándalo de dimensiones institucionales insostenibles que no puede saldarse con el habitual encogimiento de hombros al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo local.
La Ley de Contratos del Sector Público no es una mera sugerencia burocrática ni un obstáculo prescindible para la conveniencia política; es la columna vertebral que garantiza la limpieza y la transparencia en la gestión del dinero de todos los ciudadanos. Por ello, la reciente y demoledora denuncia que apunta a una presunta trama de contratación irregular en el área de Festejos desde el año 2023, situando en el ojo del huracán la gestión de Eduardo Ayala, representa un escándalo de dimensiones institucionales insostenibles que no puede saldarse con el habitual encogimiento de hombros al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo local.
De confirmarse los extremos denunciados, estaríamos ante un patrón sistemático de artimañas administrativas diseñadas presuntamente para esquivar los controles de la concurrencia competitiva y el control fiscalizador. El fraccionamiento sistemático de contratos y la adjudicación arbitraria "a dedo" a un entramado específico de empresas afines no son errores de gestión: son, indiciariamente, maniobras deliberadas que violan los principios más elementales del derecho administrativo de nuestro país.
Ante la gravedad de esta situación, y salvaguardando estrictamente la presunción de inocencia en el ámbito penal que corresponde dirimir en exclusiva a los juzgados, la responsabilidad estrictamente política exige un cortafuegos inmediato. La permanencia en sus puestos de los máximos responsables de esta área es un insulto a la ciudadanía de Ceuta. Aquí no basta con explicaciones cosméticas; es imperativo activar un efecto dominó de dimisiones que depure las responsabilidades políticas de manera vertical, comenzando por el propio responsable de Festejos y alcanzando los niveles superiores que permitieron, por acción u omisión, semejante descontrol. El Gobierno de Juan Vivas no puede seguir blindando la opacidad si quiere mantener un átomo de credibilidad democrática.
