Hay algo que diferencia a las democracias maduras de aquellas donde la política ha perdido el sentido de la ejemplaridad: la asunción de responsabilidades. En Ceuta, en el Gobierno de Vivas, desgraciadamente parece haberse impuesto la teoría de que mientras un Juez no diga lo contrario, nadie tiene que responder por nada y a veces hasta diciéndolo como en el caso de la Secretaria General.
Hay algo que diferencia a las democracias maduras de aquellas donde la política ha perdido el sentido de la ejemplaridad: la asunción de responsabilidades. En Ceuta, en el Gobierno de Vivas, desgraciadamente parece haberse impuesto la teoría de que mientras un Juez no diga lo contrario, nadie tiene que responder por nada y a veces hasta diciéndolo como en el caso de la Secretaria General.
Da igual que un procedimiento administrativo fracase, que una oposición genere una enorme polémica, que un contrato se eternice, que un servicio público acumule deficiencias o que la gestión provoque un evidente perjuicio para los ciudadanos. La reacción siempre es la misma: negar cualquier responsabilidad, buscar culpables en otros departamentos, escudarse en informes técnicos y echarle las culpas a quien denuncia una irregularidad.
Se ha normalizado una peligrosa cultura política en la que el cargo nunca asume las consecuencias de sus decisiones. Nadie dimite, nadie pide perdón y nadie reconoce un error. Al contrario, quienes tienen la máxima responsabilidad comparecen para presentarse como quienes vienen a solucionar problemas que, en muchos casos, se han generado bajo su propia dirección.
La responsabilidad política no depende de una sentencia judicial. Es una obligación ética inherente al cargo. Gobernar no consiste únicamente en inaugurar proyectos y hacerse fotografías cuando todo sale bien; también implica responder cuando las decisiones fallan, cuando la gestión es deficiente o cuando la confianza de los ciudadanos se resiente.
Ceuta necesita dirigentes que entiendan que ocupar un cargo público no es un privilegio, sino una responsabilidad permanente. Porque una ciudad en la que nadie responde por sus errores corre el riesgo de convertir la impunidad política en una forma habitual de gobierno. Y eso debilita las instituciones, deteriora la confianza ciudadana y empobrece nuestra democracia.
