Ahora resulta que el Gobierno de Ceuta ha “recibido la documentación y los informes preceptivos” sobre el proceso selectivo de expertos forestales de Obimasa y que, a partir de ahí, se convocará un Consejo de Administración para adoptar las decisiones oportunas. La frase suena solemne, institucional y aparentemente tranquilizadora. Pero también suena a lo de siempre: cuando el problema estalla, quienes lo han dirigido aparecen vestidos de bomberos.
Ahora resulta que el Gobierno de Ceuta ha “recibido la documentación y los informes preceptivos” sobre el proceso selectivo de expertos forestales de Obimasa y que, a partir de ahí, se convocará un Consejo de Administración para adoptar las decisiones oportunas. La frase suena solemne, institucional y aparentemente tranquilizadora. Pero también suena a lo de siempre: cuando el problema estalla, quienes lo han dirigido aparecen vestidos de bomberos.
Alejandro Ramírez habla como portavoz del Gobierno, pero no puede esconderse detrás de ese atril. Es también presidente del Consejo de Administración de Obimasa. No es un observador externo, ni un diputado sorprendido por una noticia, ni un ciudadano que pide explicaciones. Forma parte esencial de la dirección política de una empresa pública cuyas bases y procedimientos deben contar, desde el primer minuto, con todas las garantías de legalidad, igualdad, mérito y capacidad.
Por eso no basta con decir ahora que se trasladarán informes a los miembros de la Asamblea. No basta con convocar un consejo cuando la polémica ya está en la calle. Y no basta, desde luego, con anunciar que se tomarán “las decisiones oportunas”, como si el Gobierno hubiera descubierto de repente un problema ajeno.
Las bases no las redactó la oposición. El procedimiento no lo diseñaron los aspirantes. La responsabilidad no puede recaer únicamente en un expediente, en una comisión o en un informe técnico. Ramírez preside Obimasa y Juan Vivas preside el Gobierno que tutela políticamente esa empresa. Ambos deben explicar qué falló, quién lo permitió y por qué se llegó a este punto.
Ahora intentarán vender que han reaccionado, que han revisado y que han arreglado el asunto. Pero no son los salvadores: son quienes tenían la obligación de impedir que hiciera falta salvar nada. Y que ahora pretendan colgarse la medalla de la transparencia después del escándalo demuestra una desfachatez política difícil de superar. No tienen más poca vergüenza porque, afortunadamente para ellos, duermen por las noches.
