En política, como en la vida, hay que tener cintura y, sobre todo, no dejarse llevar por impulsos que pueden generar el efecto contrario al deseado. El anuncio de Alvise Pérez de su acto en Ceuta y la posterior convocatoria “de urgencia” por parte del presidente Juan Vivas parecen más una reacción nerviosa que una estrategia medida. ¿De verdad hacía falta forzar la maquinaria institucional para contraprogramar a un personaje que, seamos sinceros, ni pincha ni corta en la realidad ceutí?
Mientras el superintendente de la Policía Local de Ceuta se pasea por Madrid participando en unas jornadas sobre seguridad, casi medio centenar de agentes se concentraban durante el pleno de la Asamblea para denunciar la gestión interna de su propio cuerpo. No es que la formación y el intercambio de experiencias en otros foros no sean importantes, pero quizás la prioridad debería estar en casa, donde la plantilla clama por mejoras laborales.
No hay que ser un genio en economía para entenderlo: si Cataluña puede beneficiarse de la eliminación de deuda autonómica, ¿por qué Ceuta no? Nuestra ciudad, con todas sus particularidades y desafíos, merece el mismo trato que cualquier otra comunidad autónoma. No es cuestión de favoritismos, es simplemente justicia.
El Hotel Puerta de África sigue siendo noticia, pero no precisamente por sus magníficas instalaciones ni su potencial como atractivo turístico de Ceuta. Tras la reciente exclusión de Heracles Gaming del proceso de gestión, se confirma lo que muchos ya sospechaban: el hotel, lejos de ser una joya a conservar, parece estar envuelto en un guion de teatro mal escrito, en el que las escenas finales ya estaban claras antes incluso de empezar.
Es inadmisible que una empresa municipal pública como Servilimpce, que debería ser ejemplo de transparencia y gestión, se vea salpicada por la vergonzosa traición de aquellos que, desde el Consejo de Administración, deberían velar por su buen funcionamiento. No estamos hablando de la crítica legítima de sindicatos o de las dudas razonables de los trabajadores, sino de la filtración de documentos confidenciales por parte de una fuente administrativa, supuestamente uno de los designados por el Gobierno o los partidos políticos para garantizar la integridad de la empresa.
