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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha vuelto a pedir “más Estado” para hacer frente a los desafíos que afronta la ciudad, especialmente en lo que respecta a la presión migratoria. Entre sus demandas, insiste en el traslado de menores extranjeros no acompañados a la península, una solución que, aunque alivia temporalmente la carga sobre los recursos locales, no resuelve el problema de fondo. Porque la verdadera solución pasa por devolver a estos menores a su país de origen, con garantías y junto a sus familias.

En un intento por aliviar la carga de las familias, el Gobierno ha decidido implementar una ayuda de 200 euros por hijo menor de 18 años. A primera vista, suena como una buena noticia para muchas casas que, por diversas razones, afrontan dificultades económicas. Sin embargo, al mirar más de cerca, nos encontramos con un detalle curioso: esta ayuda no estará condicionada a los ingresos de los padres, lo que significa que tanto familias con sueldos ajustados como aquellas con buenos ingresos podrán obtenerla. Y aquí es donde se empiezan a plantear preguntas.

La reciente visita de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) al rey es mucho más que un gesto protocolario. Es una ocasión única para que quienes de verdad conocen la realidad económica de la ciudad hagan oír su voz en las más altas instancias. Ceuta lleva años sufriendo un declive comercial que algunos intentan achacar únicamente a Marruecos, cuando la realidad es que el problema es mucho más complejo y, sobre todo, interno.

En política, como en la vida, hay que tener cintura y, sobre todo, no dejarse llevar por impulsos que pueden generar el efecto contrario al deseado. El anuncio de Alvise Pérez de su acto en Ceuta y la posterior convocatoria “de urgencia” por parte del presidente Juan Vivas parecen más una reacción nerviosa que una estrategia medida. ¿De verdad hacía falta forzar la maquinaria institucional para contraprogramar a un personaje que, seamos sinceros, ni pincha ni corta en la realidad ceutí?