La situación que rodea a Servilimpce ha dejado de ser un debate puntual para convertirse en un problema estructural de gestión. Las decisiones adoptadas en los últimos tiempos, especialmente en materia de organización interna y procesos de selección, han generado un nivel de contestación que ya no puede ignorarse ni minimizarse.
En Ceuta hay silencios que pesan más que muchas declaraciones públicas. Desde hace tiempo se habla, se comenta y se señala que determinados cargos vinculados al entorno del Gobierno de Juan Vivas habrían utilizado su posición política no solo para influir, sino también para abrir caminos económicos a empresas relacionadas con familiares o personas de su máxima confianza. Y cuando una sospecha de este calibre recorre la ciudad durante tanto tiempo, el problema ya no es solo de quien presuntamente se beneficia: el problema también es de quien lo sabe, lo permite y calla.
No debería normalizarse que un trabajador salga a ganarse la vida y acabe enfrentándose a una pistola. El reciente ataque sufrido por un empleado de Servilimpce es una de esas noticias que te dejan un nudo en el estómago, porque no hablamos de una pelea puntual, sino de un salto alarmante en la violencia cotidiana.
Hay derrotas dignas, pero lo vivido en el último Debate del Estado de la Ciudad en Ceuta no fue una derrota; fue una capitulación en toda regla, televisada y consentida. Que la oposición critique con firmeza es lo mínimo que exige la salud democrática de esta autonomía. Lo que nadie esperaba —o quizás sí, viendo la deriva de algunos— es que Sebastián Guerrero elevara el entreguismo a la categoría de arte, convirtiendo el estrado en una pasarela de elogios desmedidos hacia Juan Vivas.
La Iglesia vuelve a colocarse ante uno de esos casos que dejan más preguntas que respuestas. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, ha confirmado que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe archivó la investigación sobre el obispo emérito de Cádiz, Rafael Zornoza, al no haberse podido demostrar que la supuesta víctima fuera menor de edad en el momento de los hechos. Y ahí está precisamente el problema: la sensación de que no se está hablando de si ocurrieron o no unos hechos graves, sino únicamente de si encajan o no en un determinado marco jurídico canónico.
