La Iglesia vuelve a colocarse ante uno de esos casos que dejan más preguntas que respuestas. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, ha confirmado que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe archivó la investigación sobre el obispo emérito de Cádiz, Rafael Zornoza, al no haberse podido demostrar que la supuesta víctima fuera menor de edad en el momento de los hechos. Y ahí está precisamente el problema: la sensación de que no se está hablando de si ocurrieron o no unos hechos graves, sino únicamente de si encajan o no en un determinado marco jurídico canónico.
La Iglesia vuelve a colocarse ante uno de esos casos que dejan más preguntas que respuestas. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, ha confirmado que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe archivó la investigación sobre el obispo emérito de Cádiz, Rafael Zornoza, al no haberse podido demostrar que la supuesta víctima fuera menor de edad en el momento de los hechos. Y ahí está precisamente el problema: la sensación de que no se está hablando de si ocurrieron o no unos hechos graves, sino únicamente de si encajan o no en un determinado marco jurídico canónico.
Porque cuando una institución explica que no puede acreditarse la minoría de edad de la persona denunciante, el mensaje que recibe gran parte de la sociedad es inquietante. No se transmite una idea de claridad, sino de vacío. Resulta difícil comprender que un dato tan determinante no haya podido esclarecerse con contundencia documental, especialmente cuando hablamos de investigaciones que afectan a responsabilidades morales y públicas de enorme relevancia. Y cuanto más ambiguo es el lenguaje utilizado, mayor es la desconfianza que se genera fuera de los despachos eclesiásticos.
Conviene ser prudentes y respetar siempre la presunción de inocencia, principio básico en cualquier sociedad democrática. Nadie debe ser condenado públicamente sin pruebas ni sentencias. Pero precisamente por eso también es legítimo reclamar transparencia, explicaciones claras y procedimientos que no den la impresión de estar diseñados para ganar tiempo o desplazar la responsabilidad hacia otra instancia superior. Decir que “el tema sigue en Roma” puede sonar institucionalmente correcto, aunque para muchos ciudadanos equivalga simplemente a dejar el asunto suspendido en una nebulosa difícil de entender.
La Iglesia lleva años intentando reconstruir su credibilidad tras numerosos escándalos relacionados con abusos y silencios. Y en esa tarea no basta con cumplir formalmente los trámites. La confianza pública se recupera con claridad, con firmeza y con la sensación de que las instituciones quieren llegar hasta el final, incluso cuando los casos resultan incómodos. Cada vez que un procedimiento termina envuelto en tecnicismos, archivos provisionales o explicaciones poco concretas, el daño reputacional no desaparece: se agranda.
Quizá el mayor error sea pensar que la sociedad actual acepta respuestas incompletas. Ya no ocurre. La ciudadanía exige saber, entender y confiar. Y cuando eso no sucede, aparecen inevitablemente las dudas, las sospechas y la sensación de que alguien ha preferido escurrir el bulto antes que afrontar el problema de frente. Ahí es donde realmente se juega la credibilidad de cualquier institución, también la de la Iglesia.
