La reciente acusación contra un hombre que habría maltratado a su mujer y a sus hijos, enfrentándose ahora a una pena de hasta tres años de cárcel, pone de manifiesto una triste realidad que persiste en nuestra sociedad: la violencia doméstica sigue ocurriendo y afectando a los más vulnerables, especialmente cuando el agresor es una figura que debería dar protección y apoyo.
La reciente aprobación por parte de la Asamblea de Ceuta de la solicitud para que el Gobierno de la Nación declare a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo es un paso importante y, sobre todo, justo. No se trata de un capricho, sino de una reivindicación largamente esperada por unos cuerpos que, día a día, se enfrentan a situaciones que van más allá de lo que cualquier otra profesión suele afrontar. Hablar de riesgo para estos agentes no es retórica, sino una realidad palpable que, en lugares como Ceuta, cobra una relevancia especial.
Parece que para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y su líder, Fátima Hamed, no hay otro problema en Ceuta que las deudas de Acemsa. Una y otra vez, se empeñan en señalar a la empresa pública de aguas, exigiendo un Consejo de Administración Extraordinario como si se tratara del único asunto relevante en nuestra ciudad. No cabe duda de que la fiscalización y la transparencia son fundamentales, pero uno no puede dejar de preguntarse por qué este partido ignora otros agujeros económicos igualmente preocupantes en las cuentas de la Ciudad.
La reciente iniciativa de la Policía Local de Ceuta para concienciar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de drogas y alcohol es una medida positiva y necesaria. Las charlas educativas en los colegios o centros juveniles son una manera efectiva de acercarse a una población que a menudo se deja llevar por presiones sociales o la falsa sensación de invulnerabilidad propia de la edad. Sin embargo, estas acciones, aunque bien intencionadas, no son suficientes para afrontar un problema que requiere una intervención mucho más completa y firme.
La gestión interna de la Consejería de Presidencia deja mucho que desear, y no es ningún secreto que acumula un buen número de facturas pendientes.
