La reciente aprobación por parte de la Asamblea de Ceuta de la solicitud para que el Gobierno de la Nación declare a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo es un paso importante y, sobre todo, justo. No se trata de un capricho, sino de una reivindicación largamente esperada por unos cuerpos que, día a día, se enfrentan a situaciones que van más allá de lo que cualquier otra profesión suele afrontar. Hablar de riesgo para estos agentes no es retórica, sino una realidad palpable que, en lugares como Ceuta, cobra una relevancia especial.
La reciente aprobación por parte de la Asamblea de Ceuta de la solicitud para que el Gobierno de la Nación declare a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo es un paso importante y, sobre todo, justo. No se trata de un capricho, sino de una reivindicación largamente esperada por unos cuerpos que, día a día, se enfrentan a situaciones que van más allá de lo que cualquier otra profesión suele afrontar. Hablar de riesgo para estos agentes no es retórica, sino una realidad palpable que, en lugares como Ceuta, cobra una relevancia especial.
En nuestra ciudad, los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil son la primera línea frente a desafíos complejos, como la presión migratoria y el crimen organizado, además de ser garantes del orden público en un entorno a veces tenso. El incremento de agresiones, las jornadas laborales extenuantes y la tensión constante son parte del "paquete laboral" de estos profesionales. Sin embargo, hasta ahora, no se les ha brindado el reconocimiento adecuado, ni en términos económicos ni de protección social.
Es paradójico que quienes velan por nuestra seguridad se encuentren en una situación de desprotección legal y sanitaria. Reconocer oficialmente a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo implicaría mayores garantías de seguridad y salud para ellos, desde mejoras en sus derechos laborales hasta una mayor cobertura en caso de baja o accidente. No es un privilegio, es justicia.
Con esta decisión de la Asamblea, Ceuta envía un mensaje claro al resto del país: debemos ser coherentes y reconocer el sacrificio de quienes nos protegen. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno central, y no debería demorar la respuesta ante una petición tan legítima. No se puede seguir mirando hacia otro lado cuando nuestros agentes arriesgan tanto por nosotros.
En definitiva, esperamos que este reconocimiento no se quede en un mero trámite burocrático, sino que se traduzca en medidas concretas que garanticen el bienestar de nuestros policías y guardias civiles. Es una cuestión de respeto, de justicia y de agradecimiento hacia quienes cada día ponen en juego su vida para proteger la nuestra.
