La reciente imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Partido Popular, por presunta corrupción y tráfico de influencias no es un caso aislado ni anecdótico. Es, más bien, la confirmación de una forma de entender el poder y las instituciones: como herramientas al servicio de unos pocos, no del interés general. El juez investiga si desde uno de los ministerios clave del Gobierno de España se impulsaron reformas legislativas a medida para beneficiar a empresas privadas, muchas de ellas vinculadas al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro.
