La creación de la USECIC en Ceuta llega en un momento en el que la seguridad ciudadana vuelve a estar en el centro del debate público. No es ningún secreto que la ciudad autónoma vive una realidad compleja, marcada por su posición geográfica y por desafíos constantes en materia de control fronterizo y orden público. En ese contexto, cualquier refuerzo a la Guardia Civil genera expectativas… y también dudas.
En política, hay silencios que pesan más que cualquier discurso. Lo que está ocurriendo con el proyecto de regeneración del litoral de la bahía sur en Ceuta es uno de esos casos en los que la falta de respuestas empieza a sonar demasiado fuerte. El Grupo Parlamentario Socialista ha tenido que recurrir a una interpelación para intentar arrancar información básica al Gobierno local, algo que, en condiciones normales, debería fluir sin necesidad de tanta insistencia.
La reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de AMGEVICESA ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda pero urgente: si continúan los apedreamientos y actos vandálicos contra los autobuses urbanos, se cambiarán los recorridos para evitar el interior de Príncipe Alfonso, desviando las líneas por zonas exteriores como ya ocurrió en el pasado.
La denuncia de VOX en Ceuta pone sobre la mesa un asunto incómodo: cuando el debate político gira en torno a si se está contando toda la verdad sobre la inseguridad, algo no está funcionando. Que se plantee modificar rutas de autobús por apedreamientos no es precisamente una señal de normalidad, y cuesta creer que esto pueda encajarse sin más en el cajón de los “hechos aislados”.
Las cuentas de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 2023 llegan con una de cal y otra de arena. Sobre el papel, todo parece en orden: los números “presentan fielmente” la situación económica y financiera. Traducido al lenguaje de la calle, las cuentas cuadran. Pero ojo, porque el propio informe del Tribunal de Cuentas añade un “excepto” que no es precisamente menor.
