La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha instado esta semana al diputado ceutí Javier Celaya a apoyar la ley del reparto de menores migrantes no acompañados en el Congreso. Una petición que suena más a gesto político de cara a la galería que a una verdadera intención de resolver el problema. Porque seamos claros: no es cuestión de que Celaya vote a favor o en contra —que suponemos lo hará siguiendo la disciplina del PP—, sino de que el Gobierno de Pedro Sánchez se decida, de una vez, a ejecutar lo que promete.

