En un giro político que no sorprende a muchos observadores, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público después de una semana tumultuosa en la que fue censurado por el Senado y reprobado por el pleno del Congreso. Estos eventos han desatado un clamor por su destitución, en medio de acusaciones sobre su gestión y su responsabilidad en la trágica muerte de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, quienes fueron arrollados por una narcolancha el pasado día 9.
