Es muy positivo que nuestros consejeros Alejandro Ramírez, Pilar Orozco y Nabila Benzina se encuentren esta semana participando en un proyecto piloto de la Universidad de Granada (UGR). Sin embargo, la verdadera batalla que Ceuta debe librar no está en Granada, sino en nuestra propia ciudad: necesitamos más carreras universitarias aquí, para que nuestros jóvenes no se vean obligados a emigrar a la península.
El PSOE de Ceuta se encuentra en pleno proceso de renovación interna, con el Congreso Federal a la vuelta de la esquina y la atención puesta en la dirección del partido a nivel local. Pablo Núñez ha estado hablando con los afiliados de la ciudad, explicando cómo y cuándo se llevarán a cabo los cambios, y desde este medio aprovechamos para destacar lo que muchos en Ceuta ya consideran una obviedad: Núñez es la persona idónea para tomar las riendas del partido.
Las ONG dedicadas a la inmigración no cesan de denunciar las devoluciones en caliente en nuestras fronteras de Ceuta y Melilla, pero ¿qué pasa con las entradas en caliente? Pareciera que, desde su perspectiva, todo lo que ocurre en el lado marroquí es invisible o intocable. Hay una clara incoherencia en su discurso: señalan con dedo acusador las acciones del Estado español, pero evitan criticar el caos y las irregularidades que permiten esas entradas ilegales en territorio europeo.
En la sesión de control de este viernes, el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, aseguró que la prioridad del Gobierno de Ceuta es dotar a policías y bomberos de los medios materiales y personales necesarios. Una afirmación que, si bien suena bien en el discurso, no se traduce en lo que realmente hace falta: más efectivos en la calle. Porque, al final del día, lo que la ciudadanía percibe es que cada vez hay menos policías locales patrullando y menos bomberos operativos para cubrir las emergencias que puedan surgir.
En los últimos días, hemos vuelto a escuchar a Vox Ceuta exigir claridad sobre cuánto cuesta a los ciudadanos mantener a los menores migrantes marroquíes no acompañados. Esta demanda, que se repite una y otra vez, parece caer en saco roto, pues desde las instituciones competentes se sigue sin ofrecer una respuesta clara. Pero ¿por qué es tan difícil saber cuánto nos cuesta criar a estos niños? ¿Es que los ciudadanos no tienen derecho a saber en qué se invierten sus impuestos?
