Llegan tarde. Recientemente hemos visto al Partido Popular revolotear como moscas al festejar por todo lo alto la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia aprobada el viernes en el Consejo de Ministros. El hecho de que hayan puesto el interés superior del menor en primer lugar, hace que discrepe de la veracidad de esa información. Si realmente hubiera prevalecido esa prioridad, tendrían que haber sacado la Ley en el mismo momento que llegaron al poder, no al término de la legislatura, sobre todo teniendo en cuenta que la Ministra del jaguar vendió esta materia como una de sus banderas. Pero han transcurrido más de tres años, desde que entraron en la Moncloa, y no sólo no han llevado a cabo esta Ley, sino que ahora la infancia y la adolescencia está en su estado más crítico: 13.000 millones menos en sanidad en la legislatura; la sustancial eliminación de la educación infantil 0-3 años, el incremento de tasas universitarias y la reducción de becas; más de 2.000 millones recortados cada año a los servicios sociales; la reducción de casi 10.000 millones en políticas de empleo que llevan a condiciones de precariedad; y, especialmente, la situación de los 2.700.000 menores que viven bajo el umbral de la pobreza. Situación límite. Por tanto, ¿de qué hablan?. Efectivamente, todo lo del Partido Popular son "buenas intenciones" y "malas acciones". O más bien, fraude electoral.

