Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores han mostrado su más profunda indignación y el total rechazo a la actitud que están mostrando las Entidades Bancarias con uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica producida por la pandemia del Covid-19, los desempleados sometidos a un ERTE.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado exige una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento. El sindicato ha recibido centenares de llamadas entre ayer y hoy de personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones (657.118 pensionistas a marzo de 2020).
La pandemia mundial del coronavirus está demostrando ser la mayor prueba jamás realizada de cómo las prácticas de trabajo modernas y flexibles permiten a los empleados mantenerse productivos, trabajando en cualquier momento y lugar y con cualquier dispositivo. Las actuales tecnologías de movilidad empresarial permiten a los empleados conectarse de forma remota a los datos y recursos que necesitan, en el momento en que los necesitan y en los dispositivos que elijan.
Durante el Estado de Alarma, cientos de miles de trabajadores/as españoles/as están teletrabajando por vez primera, poniendo en práctica un modelo que en un futuro no muy lejano será más habitual, sin embargo sólo un 16% de los encuestados querría teletrabajar al cien por cien, según un estudio elaborado por Actiu.
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha propuesto al Gobierno un pacto que permita el retorno con seguridad a la prestación del Servicio Público.
