La presente coyuntura de crisis sanitaria afecta ya de manera drástica al sector inmobiliario residencial. El Servicio de Estudios de Tinsa apunta que la caída extrema de las cifras de demanda y la paralización reciente de la actividad promotora conllevará más que probables ajustes en los precios medios de la vivienda, que comenzarán a reflejarse en las estadísticas de los próximos meses.
La mayor parte de las oficinas bancarias se encuentran cerradas, ello supone para el usuario de servicios financieros la imposibilidad en la mayoría de las ocasiones de acudir a su propia oficina (lo que restringe la variedad de operaciones a las que puede acceder -solicitud de préstamos, nuevas contrataciones, etc.), dejándole solo los servicios que ofrecen los cajeros, o los servicios a través de internet para los usuarios habituados a los mismos.
La Organización de Consumidores (OCU) ha advertido que el estado de alerta ha agudizado la compleja situación del alquiler previa, y es que el nivel de las rentas de alquiler en las grandes ciudades era muy elevado y mantenía a miles de hogares en una situación problemática de equilibrio inestable. En muchas ocasiones la renta se paga con el concurso de los ingresos de varios miembros del hogar, sin que exista un ahorro para contingencias, y en el momento en el que falla una de estas fuentes de ingresos el pago de la renta se vuelve imposible o muy difícil.
‘éroes somos todos’es una iniciativa cuyo principal objetivo es conseguir que podamos ayudar a los comercios a afrontar la ausencia de ingresos durante el estado de alarma y evitar tensiones de tesorería que pongan en peligro su supervivencia. Esta solución ha sido posible gracias a la cesión gratuita del potencial tecnológico de la Fintech Verse para que todos los comercios de España ofrezcan bonos descuento y, de esa manera, adelantar sus ventas.
El anuncio de la Asociación Española de la Banca (AEB) y el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (CECA) de “ofrecer aplazamientos” en el pago de hipotecas y créditos constituye a juicio de ADICAE una “trampa” que, lejos de instrumentar fórmulas razonables y eficaces para los consumidores, encubre no sólo costes muy elevados para los hipotecados y deudores que accedan a estas medidas, sino un grave riesgo de anulación en la práctica de las moratorias legales acordadas por el Consejo de Ministros. Todo ello con una aplicación carente de transparencia alguna
