La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama un refuerzo de los controles y la vigilancia por parte de los poderes públicos y de las autoridades de competencia tras la reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a Repsol con 20,5 millones de euros y la exclusión temporal de seis meses en licitaciones públicas de suministro de combustibles. Esta decisión llega más de tres años después de que las estaciones de servicio independientes denunciaran prácticas contrarias a la competencia por parte de las principales compañías del sector, un caso que OCU hizo público en 2022.

