La entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio no solo colapsó la frontera, los servicios de emergencia y las infraestructuras de acogida. También provocó el colapso inmediato de uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: la Administración de Justicia.
Es curioso, hasta cierto punto escalofriante, el giro que están tomando las cosas en Ceuta. Hace unos días escribía que la investigación de la magistrada Tardón podía toparse con un muro de silencio y obstrucción, y ahora nos encontramos con una nueva paradoja que convierte en papel mojado cualquier intento de control fronterizo.
Hay decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer administrativamente incorrectas o incluso desleales. Y, sin embargo, son jurídicamente impecables y políticamente necesarias. La decisión de la Plaza Judicial Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de requerir directamente al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras la elaboración de un informe técnico sobre la entrada masiva de personas en Ceuta, sin pasar por los canales jerárquicos de la superioridad policial, pertenece a esa categoría de decisiones que la buena práctica jurídica no solo permite, sino que exige.
Después de las vacaciones más extrañas de sus vidas, es imprescindible que nuestros niños regresen a la escuela en la fecha ya asignada. Que recuperen la normalidad, sobre todo ellos, debe ser tarea primordial para la Ciudad y el Gobierno de la Nación. Por tanto, hay que hacer todo lo posible para que se den las condiciones de una vuelta segura y ordenada.
Tras las multitudinarias y reconfortantes manifestaciones de apoyo a Ceuta por toda España, y la decepcionante comparecencia en el Congreso del presidente Sánchez, toca hacer balance de la situación, aclarar lo que el Gobierno nos ofrece como solución y plantear alternativas.
