Triano dice que no sabía nada. Su jefe de gabinete dimite asegurando que sí le informó. Vivas dice que es "muy poco probable" que el delegado desconociera el aviso, y apunta también a Interior y a Moncloa. Interior dice que no hubo informe de alerta. Robles dice que el CNI sí avisó. Cada uno con su versión, cada uno señalando al de al lado, y ya llevamos semana y media de ruedas de prensa cruzadas sin que nadie asuma nada.
La sentencia del Tribunal Supremo que limitó las devoluciones en caliente a quienes superan elementos de contención físicos no fue el problema. Fue la constatación de un problema más profundo que la crisis de Ceuta ha puesto en evidencia sin paliativos: España carece de los agentes, los medios y la capacidad administrativa para gestionar una avalancha migratoria de las dimensiones de la ocurrida el 30 y 31 de julio. La cuestión no es si la ley permite o no las devoluciones inmediatas. La cuestión es que, incluso si la ley lo permitiera, no hay agentes suficientes, ni medios materiales, ni capacidad operativa para practicarlas ante una movilización de decenas de miles de personas. A principios de septiembre, más de un mes después de la crisis, esa realidad sigue siendo la misma, y la frontera sur de Europa permanece tan vulnerable como el día del asalto.
La independencia judicial es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Sin ella, la Justicia deja de ser un poder del Estado para convertirse en un apéndice del gobierno de turno, y los ciudadanos pierden la garantía de que sus derechos serán protegidos frente a los abusos del poder.
La discusión pública sobre los informes desclasificados del CNI y el CIFAS relativos a la entrada masiva del 30 y 31 de julio en Ceuta se ha quedado, como era previsible, atrapada en el pulso partidista: si el Gobierno ocultó avisos, si Marruecos actuó de forma deliberada, si Feijóo exagera o si Moncloa minimiza. Ese debate seguirá su curso. Pero hay un dato en la propia documentación que merece leerse al margen del cruce de acusaciones, porque no habla de intenciones políticas sino de arquitectura institucional.
En 1990, Italia actuó de emergencia en la famosa torre campanario de la catedral de Pisa con el objetivo de darle estabilidad. En ese año, la torre se encontraba en estado crítico debido a que alcanzó una inclinación de 4,5 metros respecto a la vertical, lo que provocó gran preocupación en las autoridades, que contactaron urgentemente con ingenieros para poder intervenir y salvar semejante monumento histórico. Poco tiempo antes, la torre cívica de Pavía colapsó repentinamente y mató a cuatro personas, una señal clara del peligro que corría la de Pisa.
