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Ante la falta de acuerdos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el actual Ejecutivo ha optado por prorrogar las cuentas vigentes, una decisión que debería despertar sospechas sobre su verdadero propósito. ¿Se trata de una imposición por falta de apoyos parlamentarios o es una estrategia calculada para gobernar con mayor flexibilidad a través de decretos? Más allá de los tecnicismos, la ciudadanía se debería preguntar hasta qué punto los políticos están dispuestos a anteponer sus propios intereses al bienestar de nuestro país.

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una fecha establecida por Naciones Unidas en 1966 en memoria de la masacre de Sharpeville, donde 69 personas fueron asesinadas por el régimen del apartheid sudafricano mientras protestaban pacíficamente contra las leyes de pases, que discriminaban a la población negra restringiendo su libertad de movimiento y relegándola a una ciudadanía de segunda clase.

La semana pasada, el MEFP, a través de su Directora Provincial de Melilla, hizo público un nuevo “hecho histórico” (esto se ha puesto de moda, cualquier nimiedad es tildada de histórica en un claro desprecio a una disciplina seria y trascendente como es la historia). Según se anunció, “Ceuta y Melilla tendrán representación en el Consejo Escolar del Estado”. Así dicho, se podría calificar de una buena noticia. De un impacto práctico muy limitado, pero, sin duda, se trataría de un avance en el intento de homologarnos con el resto de territorios españoles. Sin embargo, cuando descendemos al detalle de lo avanzado comprobamos que se trata de una nueva humillación. En este caso con el agravante de que nos deben considerar idiotas.

El conjunto del profesorado ceutí no puede seguir asistiendo con absoluta indiferencia a este infame proceso de fosilización de nuestro sistema educativo que estamos padeciendo. La pasividad nos convierte en cómplices de un grave atentado a los valores y principios que informan nuestra constitución. Se están vulnerando, de manera flagrante, los derechos de la ciudadanía (a una educación pública de calidad) y los de los trabajadores de la enseñanza aquí destinados (a los que se les niega el derecho a negociar sus condiciones laborales).