Esta mañana, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Magdy Martínez-Solimán, y el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, han firmado el Protocolo General de Actuación (PGA) que se venía negociando desde mediados del pasado año con el objetivo de establecer un espacio de colaboración entre ambas organizaciones para el fomento de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
El personal de la Consejería de Servicios Sociales ha querido, un año más, solidarizarse con las enfermas en el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora hoy, vistiendo de rosa para apoyar esta causa.
COCEMFE Ceuta, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de la Ciudad Autónoma Ceuta, se suma a la Campaña de Concienciación de la vacunación de la gripe que para este año 2020 recomienda INGESA y la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por el transporte por carretera. Para atajar el problema y mejorar la calidad del aire en las ciudades la Unión Europea ha ido endureciendo los requisitos de homologación del consumo y emisiones para los coches nuevos, pero incluso con las nuevas normas de homologación WLTP, el consumo real se sitúa bastante por encima de las cifras que las marcas anuncian en su publicidad. En 2017, antes del cambio, esa diferencia llegó a ser de un 39%.
“Con la prohibición de la esterilización forzada de personas incapacitadas judicialmente, España da un paso histórico en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las personas con Discapacidad”, ha asegurado esta tarde Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, con la aprobación de una iniciativa de ley en el Pleno de la Cámara baja, se ha allanado el camino para la abolición del supuesto del Código Penal español que autoriza las esterilizaciones, muchas en contra de su voluntad, de personas incapacitadas judicialmente (en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo).
