El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha advertido este martes que los traslados de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras autonomías se “llevarán a cabo” en los próximos días pese a que varias autonomías hayan presentado recursos contra esta decisión del Gobierno.
VOX Ceuta ha trasladado a sus representantes en las Cortes Generales una batería de preguntas para que el Gobierno las responda por escrito y que tienen por objetivo conocer la situación en los centros escolares respecto a los alumnos con necesidades educativas específicas.
Ceuta Ya! considera que lo sucedido en CEIP Ramón y Cajal es de “extrema gravedad” porque “refleja, de manera nítida, el problema estructural que el Partido Popular, con su dejación de funciones, ha generado en lo que se refiere a la conservación de los centros escolares”. Y es que, desde su punto de vista, “la red de centros se encuentra en un estado lamentable desde hace mucho tiempo”, razón por la que la formación autonomista ha decidido instar a la Delegación del Gobierno a “exigir a la Ciudad que cumpla con sus competencias de mantenimiento y conservación de los colegios de Educación primaria”.
Ceuta Ya! llevará a Pleno una propuesta consistente en “pedir la dimisión inmediata del diputado por Ceuta, Javier Celaya Brey, por actuar en contra de los intereses de los y las ceutíes”. Y es que, plantea el grupo local, la iniciativa legislativa para reducir en 2,5 horas la semana laboral máxima en nuestro país “constituye un avance muy significativo en la conquista de los derechos sociales de la clase trabajadora”, y añade que “así lo entendió el Pleno de la Asamblea cuando aprobó, por mayoría, una propuesta de Ceuta Ya! en la que se expresaba públicamente el respaldo a esta medida”.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta ha presentado una propuesta en el Pleno para reforzar los mecanismos de transparencia y buen gobierno en la Ciudad Autónoma. La iniciativa plantea que los directores generales y gerentes de empresas públicas estén obligados a presentar una declaración de bienes al inicio de su mandato, siguiendo el modelo que ya rige para los altos cargos de la Administración General del Estado.
