La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión lamentan que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, discrimine a las personas con discapacidad intelectual adultas con la capacidad modificada jurídicamente, al impedirles ser titulares de la prestación.
