La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que la obligatoriedad de la cita previa para ser atendido presencialmente en la administración pública sigue generando importantes barreras para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales suficientes. Lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia se ha consolidado como un filtro que impide un acceso igualitario a servicios esenciales, vulnerando principios básicos de proximidad, calidad y atención adecuada al ciudadano.
