Caballas ha asegurado hoy en un comunicado que las clamorosas deficiencias del sistema educativo, constituyen uno de los problemas estructurales más importantes de los que lastran el desarrollo de nuestra Ciudad. Seguimos siendo el territorio con el índice más alto e fracaso escolar de todo el país. Así transcurren los años sin que el Gobierno de la Nación competente en esa materia, asuma de forma efectiva la responsabilidad de arbitrar las medidas necesarias para cambiar las cosas.
El PSOE de Ceuta exige el cese inmediato del Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta tras conocerse el auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Ceuta, donde se le imputa a José Torrado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Una encuesta sobre intención de voto -realizada por SyM Consulting en base a más de 5.000 llamadas telefónicas y 537 encuestas válidas, con un margen de error del 4,2 por ciento- recoge que si las próximas elecciones autonómicas hubieran tenido lugar el pasado mes de abril, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta y obtendría solo 11 escaños, al conseguir 9.112 votos, un 37,94 por ciento del sufragio concretamente.
La Agencia Tributaria, en 2013, abrió una inspección sobre la declaración de la renta del año 2011 al comisario europeo Arias Cañete, al considerar que había simulado que trabajaba en Ceuta, donde tiene su petrolífera (Dúcar), mientras que en realidad lo hacía desde Jérez, por lo que tuvo que pagar a Hacienda 15.451 euros; cuantía que se ahorró por la deducción de rendimientos obtenidos en la ciudad autónoma, de la que además aportó su certificado de residencia y que contaba con la connivencia de miembros del Gobierno local y la Autoridad Portuaria, según ha revelado el diario El Confidencial.
El juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha decretado la apertura de juicio oral contra el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta. Los hechos que se le imputan vienen derivados de la gestión de la dársena náutica deportiva. Concretamente, el procedimiento judicial se inicia con la denuncia de la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo ante presuntas irregularidades en la adjudicación a MAHERSA de la gestión de las instalaciones.
