Un funcionario de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido condenado al pago de 100.000 euros como indemnización a una subordinada por acoso sexual, según la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de la ciudad. La jueza ha considerado probados los hechos, que ocurrieron durante la segunda mitad de 2021 en el Negociado de Información y Registro, y ha calificado el acoso como "muy grave", señalando que el comportamiento del superior fue más allá de actos esporádicos.
Un funcionario de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido condenado al pago de 100.000 euros como indemnización a una subordinada por acoso sexual, según la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de la ciudad. La jueza ha considerado probados los hechos, que ocurrieron durante la segunda mitad de 2021 en el Negociado de Información y Registro, y ha calificado el acoso como "muy grave", señalando que el comportamiento del superior fue más allá de actos esporádicos.
La resolución judicial establece que la conducta del funcionario, que incluyó contacto físico con connotaciones sexuales, vulneró derechos fundamentales de la víctima, entre ellos su intimidad, libertad sexual, igualdad y dignidad. La trabajadora solicitó en repetidas ocasiones que cesara el acoso, sin éxito, lo que la llevó a una situación de ansiedad severa, con síntomas como nerviosismo, insomnio y pérdida de apetito, que derivaron en una baja médica de casi un año.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, exonera de responsabilidad a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Policía Local y a la consejera de Hacienda, contra quienes también se había presentado la demanda por su gestión del caso. Según la jueza, la Administración actuó con diligencia desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos.
En su valoración, la magistrada destacó que la administración local aplicó las medidas previstas en el protocolo de actuación contra el acoso, incluyendo una investigación completa de los hechos denunciados. El caso representa un hito en la lucha contra el acoso sexual en el ámbito laboral en Ceuta, reforzando la necesidad de medidas preventivas y punitivas eficaces.
El funcionario condenado aún tiene la opción de recurrir la decisión, aunque la gravedad de los hechos probados dificulta que el fallo inicial pueda ser revertido.
