Hay momentos en los que las palabras sobran y los hechos hablan por sí solos. Que un guardia civil desplegado en Ceuta haya contraído sarna en el marco del dispositivo activado para hacer frente a la crisis migratoria no puede despacharse como un simple incidente sanitario. Es la consecuencia de unas condiciones de trabajo que llevan demasiado tiempo siendo denunciadas y ante las que el Gobierno parece haber elegido mirar hacia otro lado.
Hay momentos en los que las palabras sobran y los hechos hablan por sí solos. Que un guardia civil desplegado en Ceuta haya contraído sarna en el marco del dispositivo activado para hacer frente a la crisis migratoria no puede despacharse como un simple incidente sanitario. Es la consecuencia de unas condiciones de trabajo que llevan demasiado tiempo siendo denunciadas y ante las que el Gobierno parece haber elegido mirar hacia otro lado.
Guardias civiles, policías nacionales y militares están sosteniendo sobre sus hombros una situación extraordinaria. Pasan horas y horas expuestos, intervienen en situaciones de enorme tensión, atienden y trasladan a personas en condiciones sanitarias que no siempre pueden controlar y trabajan con unos medios de protección que, según denuncian sus propias organizaciones profesionales, no están a la altura de los riesgos que afrontan. Y ahora aparece la sarna. ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien reaccione?
Lo más grave no es únicamente que exista un riesgo. Lo verdaderamente intolerable es que ese riesgo fuera advertido antes. La AUGC comunicó formalmente a la Dirección General de la Guardia Civil la exposición a agentes biológicos y reclamó equipos de protección, higiene, desinfección, vigilancia sanitaria y protocolos específicos. Lo hizo antes de que trascendiera este nuevo caso. Es decir, la Administración estaba avisada.
Mientras tanto, quienes están en primera línea siguen cumpliendo con su obligación. Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas no tienen la posibilidad de apartarse de la crisis, ponerse a salvo y esperar a que otros solucionen el problema. Ellos están allí. Y si el Estado les exige que estén allí, el Estado tiene la obligación moral y legal de garantizar que puedan hacerlo con seguridad y dignidad.
Resulta difícil de entender que el Gobierno pueda movilizar recursos para afrontar una emergencia de esta magnitud y, sin embargo, no sea capaz de garantizar unas condiciones básicas de protección a quienes están sosteniendo el dispositivo. No se puede exigir sacrificio a los agentes y responder a sus denuncias con silencio. No se puede pedir que aguanten todo mientras se normaliza que enfermen, que trabajen sin los medios adecuados o que incluso tengan que llevarse los uniformes a casa para lavarlos, con el riesgo de trasladar la exposición a sus propias familias.
Ceuta no necesita más discursos. Necesita respuestas. El Gobierno debe dejar de mirar hacia otro lado y actuar de inmediato. Porque proteger las fronteras también significa proteger a quienes las custodian. Y cuando quienes defienden al Estado tienen que denunciar que el propio Estado no los protege, algo está fallando de una manera escandalosa. No es una cuestión política. Es una cuestión de dignidad, de responsabilidad y de respeto a quienes están dando la cara por todos.
