La polémica vuelve a escena: el fiscal Anticorrupción abre la puerta a una posible rebaja de pena para Aldama por su colaboración con la Justicia. Y aquí es donde conviene parar un momento y pensar con calma. Si alguien aporta información relevante que ayuda a esclarecer tramas complejas, lo lógico en un Estado de derecho es que esa cooperación tenga consecuencias positivas. No es un capricho, es un incentivo clave para destapar redes que, de otro modo, seguirían ocultas.
El debate de anoche no fue una charla de cortesía, sino un pulso de supervivencia. Con las elecciones del 17 de mayo en el horizonte, los cinco candidatos convirtieron el plató en un campo de batalla donde la gestión de la sanidad y la vivienda actuaron como proyectiles recurrentes.
España presume a menudo de recuperación económica, de cifras macro que invitan al optimismo y de titulares que hablan de crecimiento. Pero hay datos que desmontan ese relato con una crudeza difícil de ignorar: hoy hay 330.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2019. Y lo más preocupante no es solo la cifra, sino a quién golpea con más fuerza.
Las palabras de Aznar no son una exageración: son un recordatorio incómodo de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Negarlo o maquillarlo no cambia la realidad. Sin el apoyo de Bildu, hoy no habría presidencia; y sin el pasado que arrastra esa formación, tampoco existiría su peso parlamentario actual. Es un hecho que incomoda, pero que no desaparece por mucho que se intente dulcificar.
Hay algo que chirría —y mucho— cuando uno hace cuentas a final de mes: mientras muchas familias van cada vez más justas, el Estado parece nadar en una recaudación récord. No es una sensación aislada, es una realidad que se percibe en la cesta de la compra, en la factura de la luz y en cada ticket del supermercado. Y en el centro de esa paradoja está el Gobierno de Pedro Sánchez, que presume de cifras macroeconómicas mientras el ciudadano de a pie hace malabares para llegar al día 30.
