Que el PSOE celebre que Pedro Sánchez se haya convertido en uno de los presidentes con más tiempo en el poder de la democracia refleja hasta qué punto parte de la política actual vive desconectada de la realidad de muchos ciudadanos. Permanecer más días en La Moncloa no es necesariamente un mérito si durante ese tiempo se ha aumentado la división política y territorial del país.
La denuncia de JUPOL sobre el envío de policías nacionales “gratis” a la Operación Paso del Estrecho vuelve a poner sobre la mesa el enorme desgaste que existe entre el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad. La sensación de abandono dentro de muchos cuerpos policiales ya no se disimula y el nombre de Fernando Grande-Marlaska se ha convertido, para muchos agentes, en símbolo de esa desconexión.
La lucha contra el fraude fiscal es necesaria, pero empieza a resultar difícil explicar por qué el foco parece dirigirse con tanta intensidad hacia quien saca dinero del cajero mientras las grandes fortunas continúan moviendo capitales mediante estructuras mucho más complejas y sofisticadas.
La estrategia de victimizarse porque se es “la esposa de” ya empieza a cansar a buena parte de la ciudadanía. En un Estado de derecho no se investiga a nadie por compartir cama, apellido o fotografía oficial con el presidente del Gobierno. Se investiga, o se debería investigar, cuando existen denuncias, indicios o hechos que un juez considera necesario aclarar. Y eso vale para cualquiera: para un ciudadano anónimo, para un empresario y también para la esposa de un presidente.
La política española lleva tiempo caminando por una peligrosa frontera entre la justicia y el espectáculo. El llamado “Caso Aldama” vuelve a situar esa línea en el centro del debate, especialmente cuando las filtraciones, las amenazas veladas y los posibles pactos judiciales empiezan a ocupar más espacio que los hechos probados.
